Opinion — 10 mayo, 2017 3:36 pm

MÁXIMA ACUÑA: Más allá de su desahogo.

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CUELLO LARGO.

Mario Calderón.

 

La acusación del Ministerio Público de que Máxima Acuña Atalaya, habría cometido delito de usurpación agravada al estar en posesión de la parcela “Tragadero Grande” terminó siendo desbaratada en la última instancia judicial, consumándose con esto el frustrado intento de la Minera por tomar posesión de dicho predio. Si hay un merecido reproche quede debe hacerse la propia empresa, es el torpe manejo del equipo técnico que anduvo desatinado en el encargo, que culminó magnificando a la galardona Acuña como una inderrumbable defensora del medio ambiente.

Estas desiguales confrontaciones que se producen, normalmente generan en el colectivo un comprensible lazo de solidaridad en la medida que las acciones de una gigantesca empresa suelen ser sentidas como una vil arremetida contra una indefensa mujer del campo. La imagen de una Minera intentando despojarlo de sus tierras produce un inevitable sentimiento de injusticia que se expande por toda la comunidad. Es la grandeza del rival la que termina predisponiendo a que los gestos de sensibilidad se inclinen por la parte más débil.

El sentimiento de injusticia no necesariamente se equipara a que sea ilegal. Una empresa de esta magnitud puede actuar dentro del marco de legalidad, pero su descomunal tamaño ante el oponente es una clara desventaja para que sus acciones sean vistas como justas. La victoria, ya acomodó en la conciencia de que Máxima tiene el soberano derecho sobre esas tierras. Sin embargo, lo visto en el fuero penal, sólo se ha limitado a discutir si la toma de posesión habría sido con el uso de violencia. Si Acuña ya tenía un Certificado de Posesión, antes que la empresa adquiera en compraventa, era risible que la denuncia se basara en que esta célebre mujer, haya ejercido actos violentos en su ocupación. De ahí quizás se pueda explicar que la hipótesis que acusaba, desde un inicio, haya nacido con su propio tiro de gracia.

Al haber sido vencida la empresa, se ha afianzado el sentimiento de que Máxima es su indiscutible propietaria, cosa que no necesariamente puede ser así, pues, según los representantes de la hoy vencida, el fuero civil tendrá el difícil encargo de disertar en tal controversia. Este será un litigio de larga travesía, propicio para que los oportunos políticos lo utilicen como una eficaz palanca para atraer simpatías electorales. Dilatarlo será de enorme utilidad.

Máxima justifica la defensa de su predio en un Certificado de Posesión, hecho que en su cotidiano entendimiento, es más que suficiente. Ella, como muchos, no está familiarizada con esa compleja maraña de normas que regulan las discusiones entre litigantes, ambos con títulos. En el fuero civil se verá si el título que exhibe tiene la fortaleza legal para soportar el peso del otro título de su contrincante. Los disciplinados en derecho civil son conscientes que un certificado de posesión no tiene el peso adecuado como para sobreponerse a uno que tiene mejores filtros de formalidad. Máxima quizás acabe siendo arrinconada, abriéndose las puertas de un inminente desalojo. Injusto, pero legal.

Cajamarca, 10 de mayo de 2017.







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