Local, Noticias — 11 septiembre, 2018 8:56 pm

PJ intenta desalojar a familias en Namora con documentos falsos

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Fiscal Napoleón Cachi archivó caso de falsificación.

Cajamarca. – Carlos Rosell Aguilar y sus cuatro hermanos en la memoria de su fallecido padre José Manuel Rosell Bringas, así como su tía Luz María Munive Chavarry en la memoria de su difunto esposo Teodosio Rosell Bringas no están dispuestos a dejarse arrebatar sus propiedades por orden dictada por el Poder Judicial de Cajamarca, pues las personas que pretenden hacerlo – aseguran – quieren adjudicarse el derecho basado en documentos fraguados.

Dichas familias namorinas viven ahí desde hace 23 años y todos los vecinos conocen de sus derechos, no estando dispuestos a ceder a la eminente orden judicial, amparada en documentación fraguada que descubrieron y pusieron en manos del Ministerio Público donde el fiscal provincial penal Napoleón Cachi Gallardo ordenó archivar el caso.

EL CASO

El predio denominado “Citanarume” es la manzana de la discordia entre los hermanos Rosell Bringas. Originalmente le perteneció al patriarca Gustavo Rosell Alarcón, a su muerte de procedió a la sucesión intestada de ocho hermanos, todo estaba marchando en armonía hasta que vino el proceso de división y partición seguido ante el Tercer Juzgado Civil.

Fue ahí donde Julia Doris Rosell Bringas y otro grupo de hermanos acreditaron que compraron acciones y derechos de su señora madre Julia Auristela Bringas Cacho; sin embargo, la otra facción de la familia advirtió que todo se hizo con documentos falsos.

Es por esta razón que se inició otro proceso judicial con expediente 1289-2009 sobre nulidad del acto jurídico ante el Primer Juzgado Civil donde señalan que para consolidar su derecho tramitaron ante el PETT con documentos de supuestos colindantes y vecinos que no residen en Namora que niegan haber firmado y además se cuestiona una “declaración jurada de estado civil” concerniente a Julia Auristela Bringas Cacho.

La denunciante Luz María Munive Chavarry afirmó a “Sin Rodeos” que increíblemente se encontraron declaraciones juradas de los supuestos “colindantes” como personas fallecidas y otras cuyos  DNI no les correspondía.

Dichas falsificaciones fueron oportunamente denunciadas ante el Ministerio Público donde se cuestiona que los hermanos denunciados han obtenido beneficio patrimonial sobre acciones y derechos en la fracción del inmueble sobre los que la vendedora (Julia Auristela Bringas Cacho) no tiene acreditado su derecho.

FISCAL LO ARCHIVÓ

Los documentos falsificados llegaron al despacho del fiscal provincial penal Napoleón Cachi Gallardo quien pretendió archivarlo en un primer momento; sin embargo, el fiscal José Luis Castillo Espejo anuló su decisión y en aras del debido proceso, dispuso se continua con la investigación del presunto delito Contra la Fe Publica.

En una segunda oportunidad el fiscal Napoleón Cachi dispuso nuevamente el archivamiento del caso, donde la parte denunciante descuidó interponer impugnación.

Caso de falsificación de documentos que hubiera impedido abusivo desalojo fue archivado por fiscal.

ORDEN DE DESALOJO

La justicia en Cajamarca se contradice a sí misma, pues conocido estos antecedentes de documentación fraguada, el juez civil William Ventura Padilla ha decretado para este viernes 14 de setiembre el despojo judicial de las familias afectadas.

“Pedimos al Juez que no caiga en el engaño, su orden de desalojo es injusta y no lo vamos a permitir”, declaró hoy a Sin Rodeos el afectado Carlos Rosell Aguilar.

“Nosotros hablamos con la verdad y nunca nos hicieron caso”, señaló Luz María Munive Chavarry.

DATO 

El caso de nulidad del acto jurídico se encontraría en la Corte Suprema con recurso de casación, esperando hace más de un año se fije la vista de la causa.







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