Nacional, Noticias — 2 noviembre, 2017

Aprueban instrumento de gestión ambiental para la formalización minera

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Se aplicará a nivel nacional para los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera

 

En el marco del Proceso de Formalización Minera Integral que promueve el Gobierno, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció las disposiciones reglamentarias del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), el cual será aplicado a todos los mineros informales a nivel nacional inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, a cargo de la Dirección General de Formalización Minera del sector.

El IGAFOM tiene como objetivo adecuar las actividades de la pequeña minería y de la minería artesanal a las normas ambientales vigentes, lo cual permitirá al minero informal adoptar medidas para identificar, controlar, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos de la actividad minera que desarrolla. Asimismo, este instrumento establecerá las medidas de cierre cuando corresponda.

La ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, señaló que la aprobación del dispositivo contribuirá a cumplir con la meta planteada por el Gobierno en lo que respecta a la formalización minera. “En lo que va del año se ha logrado la formalización de más de mil mineros en todo el país. Nos hemos proyectado llegar a 5 mil al concluir el 2017. Instrumentos como el IGAFOM favorecerán que alcancemos lo que nos hemos propuesto como Gobierno”, sostuvo.

Cabe precisar que el IGAFOM se encuentra sujeto a un procedimiento de evaluación previa y contempla los aspectos correctivo y preventivo, los cuales tienen carácter de declaración jurada.

La presentación de documentos por parte de los mineros informales, así como la emisión de  los actos administrativos e informes por parte de las autoridades competentes, para efectos de la evaluación del IGAFOM, se realiza a través del Sistema de Ventanilla Única.

El presente dispositivo fue consensuado con los sectores de Ambiente y Agricultura, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), respectivamente.


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