Noticias, Política — 16 mayo, 2023

Con recursos públicos perdidos por la corrupción en 2022 se habría podido eliminar la pobreza en el Perú

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Cajamarca perdió más de mil millones por casos de corrupción

 

Más del 50% de pérdidas por corrupción se concentrarían en gobiernos regionales y municipales
Gobierno Nacional registraría el 44% de pérdidas por irregularidades
A nivel nacional, son 8730 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y administrativa

Durante el año 2022, la corrupción habría ocasionado al país un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56% (S/ 13 721 millones) fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguido por el gobierno nacional con el 44% (S/ 10 696 millones) de acuerdo al resultado de la Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional elaborado para este año por el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República. Lo revelado representa un nivel de incidencia del 13.4% del presupuesto devengado del año mencionado, a nivel nacional.

En ese sentido, el contralor general Nelson Shack, indicó que, si reflexionamos sobre sus efectos, con esos recursos públicos perdidos por la corrupción (más de 24 mil millones de soles), se podría eliminar la pobreza en el Perú, ya que aliviaría, como mínimo en dos años, este problema que hoy por hoy afecta a millones de peruanos y peruanas.

Esta estimación se realiza por cuarto año consecutivo en base a la identificación del promedio móvil interanual de las proporciones de perjuicio económico al presupuesto público, sobre la cual se ejecuta una extrapolación que permite proyectar las proporciones de pérdidas respecto al año anterior, en función al tipo de gasto, sector, departamento y nivel de gobierno.

La finalidad es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control y exhortar a los funcionarios y servidores públicos a tomar acción para revertir esta situación que afecta al desarrollo económico y social de la población, principalmente de los sectores más vulnerables del país, ya que se dejan de ejecutar importantes obras y servicios.

La estimación de la corrupción e inconducta funcional muestra que el nivel de incidencia entre del año 2022 respecto al año 2021 fue ligeramente menor pasando de 13.6% a 13.4%, sin embargo, en términos absolutos, el perjuicio fue mayor: en el 2021 fue de S/ 24 262 elevándose el 2022 a S/ 24 419.

Por tipo de gasto
La estimación hecha por la Contraloría General revela que, en el 2022, la incidencia del perjuicio económico se presenta, por tipo de gasto, también en el rubro de Inversión (obras), con una incidencia de aproximadamente 16.8% (S/ 7 945 millones), seguido por Bienes y Servicios con 12.8% (S/ 6 523 millones) y Otros con 11.9% (S/ 9 950 millones).

Un ejemplo de lo identificado fue el caso del puente Tarata, en la región San Martín, donde se identificó a tres funcionarios de Provías Descentralizado con presunta responsabilidad penal y administrativa por beneficiar al postor con la buena pro, para lo cual postergaron irregularmente la etapa de presentación de propuestas, además que se incumplieron requisitos, entre otras irregularidades (Informe de Control Específico N° 001-2022-2-5568-SCE)

Otro ejemplo de irregularidad detectada por la Contraloría, en el rubro de Bienes y Servicios, es el caso de la dilatación injustificada para la compra de 700 mil pasaportes electrónicos que generó un desabastecimiento y la afectación del servicio, pese a las alertas emitidas por la Contraloría General. Se identificó la presunta responsabilidad de cuatro funcionarios y/o servidores de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Informe de Control Específico N° 012-2022-2-5996-SCE)

Si bien en relación al año 2021 hubo una leve caída en el monto de corrupción correspondiente al gobierno nacional (de S/ 11 057 millones a S/ 10 696 millones), se observó un incremento en las pérdidas por irregularidades en gastos de personal y otros, relacionado principalmente a problemas en el nombramiento de personal y aprobación de beneficios laborales al margen de la Ley. En los dos últimos años, de los S/ 16 938 millones de pérdida acumulados por el Poder Ejecutivo, el 41% corresponde al gasto en contrataciones, 30% al gasto en personal y 21% en inversiones.

Incidencia y Ranking
De acuerdo a la estimación realizada por la subgerencia del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General, la incidencia de perjuicio económico a nivel nacional, en los tres niveles de gobierno, es de 13.4% del presupuesto público. Los departamentos con mayor incidencia en corrupción e inconducta funcional, en una escala de nivel Alto, son: Moquegua (24.0%), La Libertad (20.2%), Apurímac (18.5%), Huancavelica (18.2%), Áncash (17.5%), Arequipa (17.4%), Cusco (16.5%) y Lambayeque (15.8%).

El estudio también presenta el ranking absoluto del perjuicio económico por territorio y que en este caso está encabezado por las regiones de Cusco (S/ 1 601 millones), Áncash (S/ 1 381 millones), Piura (S/ 1 337 millones), La Libertad (S/ 1 324 millones), Arequipa (S/ 1 176 millones) y Cajamarca (S/ 1 042 millones). En Lima Metropolitana, que concentra la mayoría de entidades públicas del país, las pérdidas se elevan a los S/ 7 648 millones.

Las Top 10
Las entidades que se ubican como las 10 primeras en el ranking de perjuicio e incidencia por corrupción e inconducta funcional, son:

En el gobierno nacional, cuyo monto de perjuicio económico es S/ 10 696 millones, generados por tipo de gasto en Abastecimiento (14.1%), Inversión (12.4%) y otros (8.0%), tenemos al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares); Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis); Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); Corte Superior de Justicia de Lima; Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied); Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe); Instituto Nacional Penitenciario (Inpe); Gerencia General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Al igual que el año pasado, Cenares, MTC y ATU lideran el ranking. Hay otras entidades que no figuraban y ahora aparecen, como el caso del Pronis, que era una unidad ejecutora del Minsa, a cargo de los proyectos de infraestructura, y que tiene alrededor de 60 proyectos hospitalarios paralizados a nivel nacional.

En el caso de los gobiernos regionales, el perjuicio económico es S/ 8 038 millones, que se generó por tipo de gasto en Inversión (20.9%), Abastecimiento (14.1%) y otros (19.4%), las entidades involucradas son: Región Piura (Educación); Región Cusco (Plan Copesco); Región Lambayeque (Educación); Región Callao; Región Arequipa (Educación Arequipa Sur); Región la Libertad (Educación Sánchez Carrión); Región Puno (Sede Central), Región Piura (Salud); Región Callao (Dirección de Salud I Callao) y Región Ica (Sede Central).

Para el caso de los gobiernos locales o municipalidades, donde el perjuicio económico por corrupción asciende a S/ 5 685 millones, por irregularidades en Inversión (18.5%), Abastecimiento (8.8%) y otros (17.2%), el top 10 está integrado por Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Distrital de San Marcos (Áncash), Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua), Municipalidad Distrital de Quimbiri (Cusco), Municipalidad Provincial de La Convención (Cusco), Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho (Apurímac), Municipalidad Distrital de Santiago de Surco (Lima Metropolitana), Municipalidad Provincial de Trujillo (La Libertad), Municipalidad Distrital de San Isidro (Lima Metropolitana) y Municipalidad Provincial de Arequipa.

DATO:
– En el 2022, la Contraloría General concluyó 42 734 informes de control (135 previo, 27 587 simultáneo y 15 012 posterior). Con el control simultáneo, se alertó sobre 42 553 situaciones adversas, de las cuales hasta el momento el 46% no han sido corregidas y el 24% no presentan acción alguna.
– Mientras que, como resultado del control posterior, se identificó a 8730 funcionarios con presunta responsabilidad penal (3593), civil (3498), administrativo (6542) y administrativo PAS (979), éstos últimos serán procesados este año por la Contraloría General y podrían resultar en la suspensión del cargo público hasta la inhabilitación.


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