Teodolinda Castrejón Villegas, quien aceptó haber tenido participación en el crimen del rondero Martín Muñoz Díaz, salió en libertad tras haber denegado la juez Julia Lastenia Guerrero Suarez el requerimiento de prolongación de prisión preventiva solicitado por el fiscal Eduardo Zegarra Linares.

Tras permanecer nueve meses recluida en el Centro Penitenciario de Huacariz, la jueza de investigación preparatoria de San Miguel Julia Lastenia Guerrero Suarez la liberó declarando improcedente el requerimiento de prolongación de prisión preventiva y le impuso la medida de comparecencia restringida ordenando su salida inmediata del penal.

EL CASO

Como se recuerda el dirigente rondero Martín Muñoz Díaz fue asesinado de tres balazos en la cabeza y su cadáver fue hallado el 14 de junio del 2012 en las cercanías del puente Rio Pabellón “Quinua”, kilómetro 59 + 800, carretera Cajamarca-Bambamarca, perteneciente al Distrito de San Silvestre de Cochan, Provincia de San Miguel.

Teodelinda Castrejon  Villegas en el curso de la investigación confesó haberse encontrado presente en el lugar de los hechos y haber actuado en complicidad con Wilmer Burga Silva quien habría sido el autor de los disparos y su presunto cómplice sería Gilberto Villanueva Marrufo y otra tercera persona, que habrían ayudaron a arrastrar y arrojar el cadáver.

INDIGNACIÓN DE FAMILIARES

Amigos y familiares del rondero asesinado expresaron su indignación por la decisión judicial y cuestionaron la calidad de “provisional” de la juez Julia Guerrero  Suarez designada así por el titular de la Corte, Oscar Vásquez Arana y consideran que están en cierta desventaja en el caso por cuanto el abogado que defendería a la presunta cómplice del homicidio calificado sería el hijo del presidente de la Corte Superior.

ARGUMENTOS DEL FISCAL

Para el fiscal Eduardo Zegarra Linares la prolongación de prisión preventiva se basó en el riesgo que la investigada pudiera sustraerse a la acción de la justicia, al existir nuevos indicios de los probables co autores y cómplices, existiendo un  peligro de fuga. El fiscal en su momento declaró el proceso “complejo” y también solicitó la prolongación de la investigación para cumplir diligencias “importantísimas”, pero esto también le fue denegado por la juez.

JUEZA “GARANTISTA”

Por su parte la Juez Julia Lastenia Guerrero Suarez rechazó las críticas y defendió su decisión plasmada en el expediente 70-2012 señalando que todos los argumentos constan  en su resolución dictada como el hecho que el representante del Ministerio Público tuvo “casi nueve meses para agenciarse de su arsenal probatorio” y no lo hizo.

La resolución precisa que el fiscal del caso sería el único responsable de no haber practicado una serie de diligencias a tiempo “No ha tenido justificación alguna para esperar que transcurran casi tres meses para pedir que se reitere oficio a las empresas de telefonía para la información requerida”, se indica.

Del mismo modo se cuestiona el actuar del fiscal en el no cumplimiento de la pericia psicológica, pues ésta se pudo haber practicado desde que se detuvo a la inculpada. Similar demora se habría dado para visualizar un video y otras diligencias.

“Tratándose de una persona que se encuentra en prisión debe tomarse mayor interés a una investigación” argumenta en su resolución la juez tras discrepar que el caso sea “complejo” y proclamarse Juez de garantías constitucionales.