Informe del órgano de Control de Diresa Cajamarca determinó que más de medio millón de soles se registró como gasto y no como una inversión. Contraloría recomienda procesar a 6 funcionarios.
Cajamarca.- Presuntas irregularidades detectó la Contraloría General de la República en el proceso de ampliación y remodelación del Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública de Cajamarca, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 020-2025-2-0828, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cajamarca.
El informe determinó que el requerimiento técnico fue tramitado como un servicio, cuando correspondía ser clasificado como una obra pública, generando que el monto ejecutado —por S/ 631,893.94— se registrara como gasto y no como inversión, afectando los plazos de garantía, el mantenimiento de la infraestructura y la correcta información financiera institucional
Asimismo, se evidenció que el Comité de Selección elaboró bases incongruentes al convocar el proceso como servicio, pese a conocer su naturaleza de obra, lo que derivó en una limitada competencia entre postores. Solo se presentaron dos propuestas, de los cuales uno fue descalificado por consignar términos propios de obra, aunque su propuesta económica era menor al valor estimado, dejando como ganador a un único postor con un monto superior al previsto
Por estos hechos, Contraloría identificó presuntas responsabilidades administrativas en seis funcionarios y servidores públicos de la DIRESA Cajamarca: Juan Carlos Vargas Cubas, César Herminio Mego Mondragón, Antony Castañeda Vásquez, Daniel López Ríos, Alfonso Antonio Morales Peralta y Magaly Chilón Abanto, quienes deberán someterse a las acciones que corresponden.
Entre las recomendaciones formuladas, el órgano de control plantea que la Diresa disponga la elaboración de lineamientos internos obligatorios para la formulación y revisión de expedientes técnicos, prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo, así como la implementación de procedimientos técnicos y legales que determinen correctamente si una contratación corresponde a obra o servicio.
La auditoría, que abarcó un monto examinado de más de medio millón de soles (S/ 525,201.46), concluye que las decisiones adoptadas por los funcionarios comprometidos afectaron la transparencia, la libre competencia y la eficiencia del gasto público.
El informe fue emitido el 22 de octubre de 2025 y remitido al Órgano Instructor de la Contraloría para el inicio del procedimiento sancionador correspondiente.
