El Gobierno nacional ratificó que la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado es una prioridad central de su agenda. Por ello, trabajará de manera coordinada con el Congreso de la República, el Poder Judicial y otras entidades del Estado para evaluar y modificar la legislación necesaria que permita combatir con eficacia esta problemática que afecta a miles de peruanas y peruanos.
Así lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante la 133.ª sesión del Foro del Acuerdo Nacional, que fue liderada por la presidenta de la república Dina Boluarte. En su intervención, el jefe del Gabinete Ministerial destacó el espíritu democrático de las instituciones participantes y subrayó la importancia de preservar espacios de diálogo como este.
“Hoy demostramos que podemos sentarnos a dialogar con responsabilidad, visión de futuro y respeto, poniendo los intereses nacionales por delante de ideologías o simpatías políticas. Somos capaces de encontrar puntos de encuentro aún en medio de contextos complejos”, afirmó el premier.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remarcó que esta nueva sesión del Acuerdo Nacional se realiza en un ambiente político significativo: “Nos reunimos en el marco de la convocatoria a Elecciones Generales del 2026, un hecho que no debe pasar desapercibido, pues ratifica la apuesta firme y decidida del Perú por la institucionalidad y la democracia, que constituyen los cimientos de nuestra república”.
La 133.ª sesión del Foro del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en la Sala Puruchuco del Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. Participaron el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández; la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez; representantes del Poder Judicial, ministros de Estado, gobernadores regionales, alcaldes, funcionarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y miembros de la sociedad civil.
Adrianzén anunció que en las próximas sesiones del Acuerdo Nacional se tiene previsto abordar una nueva política de Estado orientada al desarrollo infantil temprano y la informalidad como uno de los principales desafíos para la productividad y el desarrollo del país.
