La investigación también se extiende contra la notario de Jesús, Ivi Nue Sessarego por no tener competencia en ilegal lanzamiento.

Cajamarca.- La segunda fiscalía provincial penal de Cajamarca a cargo del fiscal William Alonso Ramírez Vigo abrió investigacion preliminar contra la representante de la Beneficencia Pública de Cajamarca, Susan Veronica Ortega  Brophi, la notaria del distrito de Jesús, Ivi Nue Sessarego y el procurador de la Municipalidad de Cajamarca, Henry Eduardo Silva Trujillo, por el delito de usurpación agravada denunciado por la inquilina de la Beneficencia, Mariluz Camacho Torres.

Los funcionarios denunciados, el pasado 6 de noviembre a las 5:50 horas, irrumpieron en el local comercial que alquilaba ubicado en el jirón Comercio 702 de la ciudad de Cajamarca y aduciendo cumplir una «Resolución Municipal», fracturaron y cambiaron las cerraduras de la puerta principal del local, inmovilizando todos los enseres de su negocio, impidéndoles ingresar al predio y realizar sus actividades comerciales con perjuicios económicos y moral.

Hoy en la puerta del local, aparece un aviso que dice «local recuperado» y parmanece clausurado con los enseres de la inquilina en su interior a la que ya no puede acceder.

Mariluz Camacho Torres, sustentó ante la fiscalía su respectivo «contrato de arrendamiento» celebrado con la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca, que mantiene desde el año 2005, un contrato que según sus clausulas se renueva cada año y cuya merced conductiva a partir del año 2019 paga la suma de 1,700 soles mensuales, la cual a la fecha se encuentra todo cancelado hasta el mes de octubre del 2023 en la cuenta de la arrendadora.

El contrato indica que la arrendataria debe solicitar su renovacion en diciembre de cada año, caso contrario se da por concluido, es así que en diciembre del año 2021, presentó su respectiva solicitud como siempre lo hacía, pero no se suscribió contrato, aunque siguió pagando merced conductiva y se acogió a un contrato verbal por tiempo indeterminado.

La inquilina y sus trabajadores fueron sorprendidos el 6 de nov en la madrugada, siendo despojado de sus bienes, sin proceso judicial de por medio, ni notificación alguna, con la participación de la notaria de Jesus que no tiene competencia para este tipo de diligencias donde obra un contrato de alquiler que en todo caso debe resolverse en la vía civil, segun precisa la defensa legal de la afectada.

De la misma manera han pedido ante la fiscalía que el procurador municipal explique y sustente su intervención, si se tiene en cuenta que la inquilina no es una invasora, sino su posesión en el local se base en un contrato de alquiler.

Mariluz Camacho denunció que de manera extraña recibió de parte de la Beneficencia una factura por la suma de 2,350 soles, merced conductiva, que jamás ha pactado de manera legal, la cual la rechazó de manera tajante por tratarse un contrato bilateral.