Sanción alcanzaría a dos jueces superiores integrantes de la segunda sala penal.
Cajamarca.- Concluidas las investigaciones por el juez superior contralor de la Unidad de Sanción de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Wilson Alejandro Chu Pardo, en contra de los jueces superiores de Cajamarca, Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual, Humberto Araujo Zelada y Domingo Celestino Alvarado Luis, integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, la autoridad contralora del Poder Judicial, elevó la propuesta de destitución ante la presidencia de la Autoridad Nacional de Control, para que destituyan a los tres jueces por la falta grave de haber favorecido a un procesado en un caso de homicidio calificado.
Según la resolución contralora, el magistrado propuso la medida disciplinaria de destitución, a pesar que los absolvió de otro cargo similar proveniente de una liberaación de un procesado por delito de robo agravado.
La resolución número 37 de fecha 23 de mayo pone en evidencia toda una carpeta de escuchas ordenadas en el levantamiento del secreto de las comunicaciones anexadas en un usb donde familiares y allegados al magistrado Ricardo Eustaquio Sáenz Pascual desarrollan una serie de tratos para favorecer en la decisión que la sala adoptará en el caso que siguen al procesado William Moreno Sánchez por delito de Homicidio Calificado en agravio de Manuel Alcantara Córdova (expediente 178-2001) hasta lograr sentencia absolutoria a cambio de una coima desembolsada de 40 mil soles, lo cual pone en tela de juicio el accionar de los magistrados de este poder del Estado.
Lo más alarmante de su actuación es que tras haberse probado la transacción de los 40 mil soles, se obtuviera este fallo favorable, poniendo en entredicho la imparcialidad en la resolución del caso.
Las investigaciones han revelado aportes de medios probatorios de un testigo protegido, así como los debidos descargos que han hecho los jueces investigados incluso con informes orales donde han negado estas faltas muy graves.
Toda la investigación se originó en un sendo informe del Ministerio Público en la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad referente a las bandas criminales «Sanguinarios de Huacraruco» y «Duros de San Marcos» «Rápidos y Furiosos de Santa Apolonia», cuyas carpetas fiscales fueron derivadas a la entonces oficina de ODECMA habiéndose detectado estos hechos de tráfico de influencias y cohecho activo que dieron lugar al inicio del proceso administrativo disciplinario del Poder Judicial.
La investigación no fue la única controversia que pesa sobre los jueces de la sala, también se les cuestiona su involucramiento en otro caso, donde fueron absueltos.
