Hermanas ganadoras del litigio salieron al frente y contraatacan

Cajamarca. – Las hermanas Flor de María, María Elena y Julia Doris Rosell Bringas, ganadores del litigio judicial contra las sucesiones de sus extintos hermanos José Manuel y Teodosio Rosell Bringas salieron hoy al frente para hacer valer su derecho y confirmaron que mañana asistirán a la diligencia de desalojo programada para las diez de mañana para hacer cumplir la orden judicial.

“Los ocupantes no son ningunos pobrecitos. A ellos les ha tocado en la repartición mil 920 metros cuadrados a cada uno y además un predio en Polloquito”, dijo una de las hermanas esta mañana en la conferencia de prensa donde consideraron que los argumentos con los que se viene defendiendo sus oponentes “son totalmente falsos”.

Ellas manifestaron que el adicional de acciones y derechos adquiridos de venta ofrecida por su señora madre Julia Auristela Bringas Cacho fue un acto jurídico totalmente legal y válido suscrito en escritura pública del 3 de julio del 2003 ante el notario Julio Cabanillas.

Ellas testimoniaron que cuando se dio la venta, su madre ofreció a todos los ocho hermanos esa venta a la que sólo tres de las hermanas tuvieron esa capacidad para comprar el adicional.

“Están incitando a los vecinos para nos agredan”, advirtieron.

Como se sabe en la víspera Carlos Rosell Aguilar heredero de José Manuel Rosell Bringas, salió a los medios a señalar que no están dispuestos a dejarse arrebatar su propiedad por orden dictada por el Poder Judicial de Cajamarca, pues las personas que pretenden hacerlo – aseguran – quieren adjudicarse el derecho basado en documentos fraguados.

Sus tías esta mañana confirmaron que la manzana de la discordia es un área de 100 metros cuadrados dentro de lo que significó una masa hereditaria de 3 hectáreas, la misma que se repartió oportunamente con total conformidad.

Se conoce que paralelamente al caso de desalojo se encuentra pendiente de resolver en la Corte Suprema un recurso de casación sobre nulidad del acto jurídico donde se cuestiona que la madre vendedora no le asistía derechos para enajenar.

El caso donde se cuestiona documentos falsificados fue archivado en dos oportunidades por el fiscal provincial penal Napoleón Cachi Gallardo.