Nota de Prensa — 25 noviembre, 2018 7:30 pm

No procede acuerdo reparatorio en delitos de lesiones leves por violencia familiar

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Así se pronuncia la Sala de Apelaciones de Cajamarca

La Segunda Sala Penal de Apelaciones, que preside el Juez Superior Henry Vera Ortiz e integrada por Domingo Alvarado Luis (Ponente) y Edwin Chacón Nuñez, en el proceso penal Nro. 00077-2017 sobre lesiones leves,  resolvió que no procede el acuerdo reparatorio en los delitos de lesiones leves por violencia familiar, pues este resulta contradictorio con el deber que tiene el Estado de proteger a la mujer de cualquier acto que atente su vida e integridad física y psicológica; así como de investigar y  esclarecer  los   hechos   de violencia  contra de ésta,  y de   sancionar   a   sus responsables en un juicio con las debidas garantías, por lo tanto en el delito materia de imputación si se debe evaluar aspectos como la gravedad de la pena y la grave afectación al interés público, en tanto que la ley N° 30364 tiene por objeto otorgar tutela inmediata a favor de la víctima a fin de evitar el crecimiento de la violencia y sancionar penalmente al agresor.

Adicionalmente, los Magistrados tomaron en cuenta instrumentos jurídicos como: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, que establece que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, así como los estudios de Hilda Murguía Velásquez, citando a  Oblitas Béja, que señala a la violencia doméstica y/o violencia contra la mujer como una de las expresiones más extremas de desigualdad de género, una violación a los derechos humanos de  las mujeres y a sus libertades fundamentales, un problema de salud pública y un gran obstáculo para el desarrollo; amenaza a la estabilidad, seguridad y bienestar de las familias.

Finalmente, la Sala Penal, consideró que la violencia contra la mujer es un acto reprochable que no solo afectaría gravemente el interés público, sino la dignidad de la mujer, derecho protegido desde el ámbito constitucional.  En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que: “La realización de la dignidad humana constituye una obligación jurídica, su satisfacción constituye uno de los  fines del   Estado”. (STC recaída en el EXP. N.° 2273-2005-PHC/TC- F.J N° 08-09)







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