Incautación de maquinaria, vehículos y minerales están valorizados en más de S/ 250 millones.
En una operación sin precedentes contra la minería ilegal, la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, ejecutó el operativo “Sierra Norte 2025”, logrando la destrucción total del principal centro de operaciones de una red criminal dedicada a la extracción y procesamiento ilícito de minerales en la provincia de Celendín, región Cajamarca.
Durante 17 horas ininterrumpidas de trabajo, los agentes de la División contra la Minería Ilegal intervinieron un complejo sistema minero clandestino que operaba en la zona altoandina, incautando más de 6000 toneladas de mineral polimetálico compuesto por rocas con alto contenido de oro, plata, cobre y otros metales valiosos, extraídos sin autorización y comercializados en el mercado negro nacional e internacional.
El operativo permitió además la destrucción de 45 campamentos y 68 socavones, que formaban parte de una planta artesanal de extracción y procesamiento ilícito. También se neutralizó una amplia infraestructura logística, que incluía seis generadores eléctricos, veinte poleas industriales, tres volquetes, una moto lineal y diversos equipos de trituración y molienda, valorizados en más de S/ 250 millones.
El Ministerio del Interior (Mininter) destacó que esta intervención integral demuestra la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional del Estado peruano para enfrentar el crimen organizado con firmeza, estrategia e inteligencia policial, atacando no solo las rutas financieras del dinero ilícito, sino también la infraestructura que sostiene la minería ilegal en las zonas altoandinas.
Asimismo, la PNP continúa desarrollando acciones sostenidas de inteligencia, vigilancia y patrullaje en Cajamarca y regiones vecinas, con el objetivo de desarticular por completo las redes criminales que financian y promueven este delito ambiental en el país.
Con este nuevo golpe a la minería ilegal, el Ministerio del Interior reafirma su compromiso de proteger los recursos naturales, salvaguardar la seguridad ciudadana y preservar el medio ambiente, fortaleciendo la presencia del Estado en las zonas más afectadas por esta actividad ilícita.
