Comunidad Campesina de San Felipe denunció discriminación por parte de la SUNAT y encaminan norma legal para corregirlo.
La Comunidad Campesina San Felipe, ubicada en la provincia de Jaén, región Cajamarca, emitió un pronunciamiento en el que denuncia una política discriminatoria por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
En el documento, dirigido a las principales autoridades del país, la comunidad rechaza la exclusión de las comunidades campesinas del Perú como beneficiarias de donaciones nacionales, lo que consideran una violación de sus derechos humanos y constitucionales.
Según el pronunciamiento, el problema se originó cuando la Comunidad Campesina San Felipe solicitó la donación de bienes muebles a la SUNAT el 23 de septiembre de 2023. Sin embargo, el 28 de noviembre del mismo año, la entidad respondió que, de acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 000201-2020/SUNAT, las comunidades campesinas no son consideradas sujetos de donación, a diferencia de municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales, ministerios, el Poder Judicial, el Poder Legislativo e instituciones del Estado.
La comunidad señala que esta resolución, vigente desde el 16 de noviembre de 2020, es discriminatoria, ya que excluye a las comunidades campesinas del acceso a bienes donados, pese a que estas representan una parte fundamental del tejido social y económico del país.
En su pronunciamiento, la comunidad argumenta que esta exclusión contradice el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, el cual establece el derecho a la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica.
“La SUNAT nos excluye, categorizándonos como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría”, denuncia el documento, firmado por el presidente de la comunidad, Inoc Pérez Pati.
Ante esta situación, el 19 de julio de 2024, la comunidad interpuso una demanda de acción de amparo contra la SUNAT ante el 11° Juzgado Constitucional de Lima. El caso está siendo despachado por la jueza Silvia Ysabel Núñez Riva, de la Corte Superior de Justicia de Lima.
La demanda alega que la SUNAT vulnera el derecho constitucional de las comunidades campesinas a no ser discriminadas por su condición social y de igualdad ante la ley. Sin embargo, según el pronunciamiento, la entidad tributaria ha respondido con formalismos administrativos, buscando evadir su responsabilidad y mantener la exclusión de las comunidades campesinas del acceso a donaciones.
La Comunidad Campesina San Felipe ha convocado a otras comunidades campesinas del país a sumarse a su demanda y exigir cambios en la normativa de la SUNAT. Consideran que la actual política de exclusión representa una violación flagrante de sus derechos y exigen una modificación urgente para garantizar que las comunidades campesinas sean reconocidas como beneficiarias de donaciones nacionales.
El pronunciamiento, fechado el 3 de enero de 2025 en San Felipe, Jaén, concluye con un llamado a la sociedad civil y a las autoridades competentes para corregir esta situación y garantizar que las comunidades campesinas del Perú no sean tratadas como ciudadanos de segunda clase.
