Municipalidad de San Miguel pretende hacerse del local que ocupa la subprefectura desde su creación.

Una diligencia de desalojo que pretendía ejecutar la Municipalidad de San Miguel contra los ocupantes de la subprefectura de esa provincia, quedó frustrada por recomendación del representante del Ministerio Público.

Cuando era presidente de la República el Arquitecto Fernando Belaunde Terry se dio la ley 15152 de creación de la provincia de San Miguel de Cajamarca; promulgada con fecha 29 de setiembre de 1964. En dicha ley art. 5 dice Consígnese en el presupuesto del gobierno central la cantidad de un millón de soles destinada a la dotación de un local para el funcionamiento de la Subprefectura y de los juzgados de primera instancia en lo civil y el de instrucción.
El cheque fue recibido por la autoridad municipal de aquellos años y se procedió a la compra del inmueble ubicado en la esquina de los jirones Bolognesi y Bolívar. Esquina plaza de armas. Pero no se registra, por omisión, ignorancia; como predio de la subprefectura. Quedando registrado en la partida P32008076 como lote 8 Mz. 25. El local desde ese entonces quedó en poder de la subprefectura provincial de san Miguel.

Con fecha 26 de abril 2022 la procuradora pública municipal envia un oficio a la Subprefecto solicitándole la entrega del bien inmueble que está utilizando; ello en base a un acuerdo entre la gestión del ex alcalde Julio Vargas y Cofopri, mediante la cual Cofopri otorgó título de afectación de uso desde el año 2016 a favor de la municipalidad.

La Procuradora también incoa la ley 30230 recuperación de bienes del estado en caso de invasión, usurpación de ellos en forma ilegal…

Para tal efecto la procuradora municipal programó el desalojo para el día miércoles 25 a las 6.00 pm. Solicitando garantias policiales y presencia del fiscal de turno; aduciendo la independencia de las procuradurías municipales y recuperaciones extrajudiciales no se comunicó al poder judicial.

A la hora determinada se presentó la procuradora con personal de la municipalidad, vehículos y un cerrajero para realizar el descerraje y recuperación del local; presencia policial y estando presente el representante del ministerio público Dr. John Gonzales manifestó su desacuerdo con la forma que se pretendía actuar, obviando orden judicial por lo que se negó a participar, ante ello se frustró el pretendido desalojo y se levantó un acta.

La Subprefecta Profesora Amelita Mendoza, manifestó que actuará en defensa de su institución pudiendo solicitar investigación y apertura de proceso penal por abuso de autoridad, usurpación de funciones y contra la fe pública en agravio de la subprefectura a la procuradora municipal que alcanzaría también al alcalde provincial pues la procuraduría pública municipal está dentro del organigrama estructural de la municipalidad.