Retorna como nuevo titular del Poder Judicial después de 11 años

El juez superior Percy Hardy Horna León asumió hoy la presidencia de la Corte Superior de Justicia  de Cajamarca para el periodo 2023-2024 y entre otros anuncios destacó el sistema de «semaforización de la carga procesal» para mitigar el tema de la celeridad.

«Procuraremos siempre la equidad; el resguardo y el reconocimiento de los derechos de cada ciudadano; la búsqueda permanente de la calidad en el servicio público de justica; teniendo siempre conciencia de que los funcionarios y servidores públicos estamos al servicio de la Nación», expresó en su discurso.

«Debemos enriquecer la información estadística que nos permita identificar plenamente no sólo aquellos juzgados que advierten demoras en la atención, sino también aquellos casos en los que se presenta mayor celeridad, así como se debe priorizar el sinceramiento de los hitos resolutivos, registrando todos los actos procesales, considerando aquellos que son necesarios para arribar a la conclusión de una causa», manifestó.

«En esta tarea, la semaforización en la carga procesal será de gran ayuda, de manera tal que con estos indicadores podamos adoptar mejores decisiones de gestión que a su vez se traduzcan en una más alta productividad», expresó el nuevo presidente de la Corte Superior de Cajamarca.

«No se puede dejar de mencionar la necesidad de consolidar y recuperar el espíritu primigenio de la Reforma Procesal Penal en el distrito judicial de Cajamarca, con el propósito de reducir el tiempo de tramitación de los procesos y garantizar la transparencia en su sustanciación, su predictibilidad y la calidad de las decisiones», añadió.

Anunció el imperioso mecanismo de recolocación del personal jurisdiccional con el fin de mejorar el servicio de administración de justicia.

Anunciò que se conformará equipos especializados de auxiliares jurisdiccionales (secretarios y asistentes jurisdiccionales) dedicados a desempeñar tareas de apoyo técnico a los órganos jurisdiccionales con el objeto de acelerar la descarga procesal y producción judicial. Medida que estará acompañada del monitoreo constante de la evolución de la carga procesal en todas las dependencias.

A continuación compartimos el Discurso de Apertura del Año Judicial 2023

DISCURSO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2023

DR. PERCY HARDY HORNA LEÓN

Señores y señoras jueces y juezas superiores, especializados, mixtos, de paz letrados y de paz; servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; autoridades políticas y civiles; funcionarios públicos, ciudadanos y ciudadanas presentes:

Sea con ustedes mi agradecimiento por su valiosa presencia en esta ceremonia protocolar de apertura del Año Judicial 2023. Bienvenidos y bienvenidas.

César Vallejo, el más grande poeta que ha nacido en nuestra patria, dijo alguna vez que únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado… Quizá por ello, esta mañana, al estar frente a ustedes, en este lugar, mis primeras palabras sean de evocación.

Hace once años, en el recinto que hoy nos sirve de escenario, expresé mi gratitud a quienes me brindaron su apoyo desinteresado. Agradezco a mi familia; y en especial a Dios, sin cuya voluntad no podría haberse emprendido ni concluido ninguna tarea a lo largo de los años.

Hoy, que surcamos auroras distintas, y asumimos la investidura de presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, aquella gratitud se ha robustecido y difícilmente podría yo encontrar palabra idónea para su cabal expresión.

La confianza que me han brindado los señores y señoras jueces y juezas superiores integrantes de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, se traduce – en mi interior – en la necesidad de dejar constancia pública de mi gratitud.

Al asumir la Presidencia de esta Ilustre Corte Superior de Justica, ahora con mayor experiencia y conocimiento del sistema de administración de justicia, pero con la misma humildad y transparencia, les expreso mi compromiso inquebrantable con el que – estoy seguro – es el objetivo de todos y todas: que los destinos del Poder Judicial concuerden en exacta armonía con el valor supremo de la Justicia; alcanzando la excelencia en el servicio público que nos ha encomendado la Constitución y la Ley.

En la consecución de este propósito, deberá recaer todo nuestro esfuerzo, todas nuestras horas, todas nuestras fuerzas.

Procuraremos siempre la equidad; el resguardo y el reconocimiento de los derechos de cada ciudadano; la búsqueda permanente de la calidad en el servicio público de justica; teniendo siempre conciencia de que los funcionarios y servidores públicos estamos al servicio de la Nación.

Asumimos, además, la responsabilidad encomendada, conscientes de la problemática que aqueja al servicio de administración de justicia a nivel estructural y de legitimidad, no sólo en sus expresiones tradicionales, sino en sus formas más recientes derivadas de los cambios sociales, axiológicos y tecnológicos. Situaciones frente a las cuales se plantea un tratamiento intensivo y programático, que no solo involucra a las personas que toman decisiones, sino a quienes corresponde efectivizarlas.

La estrategia para enfrentar dicha problemática requiere la intervención activa de todos los jueces y trabajadores judiciales; así como exige el compromiso y la participación de los abogados litigantes y de los ciudadanos que exigen tutela jurisdiccional. A todos ellos les expreso mi compromiso de liderar una gestión institucional que priorice brindar el servicio de justicia a la ciudadanía cajamarquina con fundamento en el derecho, la honestidad y la prontitud, propiciando el actuar diligente de los operadores de justicia: jueces y servidores judiciales.

Debo destacar que mi gestión en la conducción de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca en este periodo estará guiada y caracterizada por la efectivización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que orienta la acción estatal en función de resultados al servicio del ciudadano, atendiendo y entendiendo sus necesidades y procurando la mayor satisfacción de las mismas. Concretamente, en nuestra institución judicial se realizará, de conformidad con los instrumentos de participación, transparencia, respuesta, rendición de cuentas, inclusión, creación de consenso y dominio de las tres E (eficiencia, efectividad y equidad).

Se aplicarán los componentes de dicha Política Pública a través de indicadores que reflejen los resultados, el alcance de objetivos y el grado en que se pueda solucionar la problemática judicial. Estrategia de intervención con indicadores que reflejen cobertura y efectividad en la provisión, identificando el servicio mediante guías que permitan establecer su solución, adoptando una gestión interna efectiva, a través de hitos que midan el desempeño eficiente de la administración de justicia, examinando sus resultados, bajo cuyos parámetros se determinará la adecuada prestación del servicio.

En dicho contexto de política pública, hemos identificado cuatro ejes estratégicos sobre cuya base se deberá ejecutar nuestro trabajo:

• Celeridad en la administración de justicia.
• Integridad y transparencia.
• Acceso a la justicia: justicia intercultural y justicia de paz.
• Transformación digital: Fortalecimiento y modernización institucional e infraestructura.

 

1. CELERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

Una de nuestras principales preocupaciones está relacionada a la satisfacción plena y oportuna de las legítimas expectativas de los justiciables, acorde con la materialización del principio constitucional de Tutela Jurisdiccional Efectiva, vale decir, para la atención eficiente al ciudadano que acude a nosotros con la finalidad de someter al escrutinio judicial su conflicto de intereses y despejar una incertidumbre jurídica.

En este extremo, nos corresponde sumar esfuerzos y procurar emitir decisiones con calidad y debido sustento jurídico, orientados siempre por el valor justicia. Sin embargo, debemos poner énfasis en la Celeridad de la Administración de Justicia.

Con ese propósito, luego del diagnóstico respectivo se aprecia la existencia de una brecha entre la cantidad estimada de resoluciones judiciales o producción judicial y la cantidad demandada por los usuarios del sistema de justicia. Asimismo, se ha constatado que no existe una relación directa entre la carga procesal de los órganos jurisdiccionales y el número de servidores asignados a las dependencias judiciales. Es decir, muchas veces, los órganos jurisdiccionales con más carga no necesariamente cuentan con mayor cantidad de servidores jurisdiccionales.

Esta situación hace imperioso adoptar mecanismos de recolocación del personal jurisdiccional con el fin de mejorar el servicio de administración de justicia, pues pese al ingreso aleatorio de expedientes – que debiera ser garantía de transparencia y proporcionalidad – la disparidad tiene relación con factores como la cantidad y capacitación del personal, falta de logística, entre otros aspectos que resultan relevantes.

Por ende, es necesario conformar equipos especializados de auxiliares jurisdiccionales (secretarios y asistentes jurisdiccionales) dedicados a desempeñar tareas de apoyo técnico a los órganos jurisdiccionales con el objeto de acelerar la descarga procesal y producción judicial. Medida que estará acompañada del monitoreo constante de la evolución de la carga procesal en todas las dependencias.

Por otro lado, la gestión estratégica del capital humano tiene que ir a la par con la adecuada cautela de la vigencia de los órganos jurisdiccionales transitorios, así como medidas pertinentes y oportunas con el propósito de impulsar el incremento de órganos jurisdiccionales necesarios destinados a cubrir la demanda judicial de la ciudadanía y la presencia del Estado en localidades lejanas, ampliando la cobertura del sistema de administración de justicia en Cajamarca.

En esa línea, resulta alentador que hace pocos días el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 00436-2022-CE-PJ, haya aprobado la creación de nuevos órganos jurisdiccionales para nuestra Corte, entre ellos, una Sala Laboral Permanente. Creación que constituye un logro destacable de la gestión del presidente saliente (magistrado Elard Zavalaga Vargas), que saludamos y reconocemos, y que, sin duda alguna, coadyuvará decididamente a la mejora de las condiciones del servicio público de justicia. No obstante, la brecha aún es marcada y el trabajo será arduo para reducir la carga procesal; a pesar de lo cual, nuestro compromiso es firme para mejorar y superar esta situación.

Para tal efecto, debemos enriquecer la información estadística que nos permita identificar plenamente no sólo aquellos juzgados que advierten demoras en la atención, sino también aquellos casos en los que se presenta mayor celeridad, así como se debe priorizar el sinceramiento de los hitos resolutivos, registrando todos los actos procesales, considerando aquellos que son necesarios para arribar a la conclusión de una causa. En esta tarea, la semaforización en la carga procesal será de gran ayuda, de manera tal que con estos indicadores podamos adoptar mejores decisiones de gestión que a su vez se traduzcan en una más alta productividad.

No se puede dejar de mencionar la necesidad de consolidar y recuperar el espíritu primigenio de la Reforma Procesal Penal en el distrito judicial de Cajamarca, con el propósito de reducir el tiempo de tramitación de los procesos y garantizar la transparencia en su sustanciación, su predictibilidad y la calidad de las decisiones.

Continuaremos con la modernización de los procesos civiles con un modelo de gestión y a través de un sistema de audiencias en las que se aplique fundamentalmente el principio de oralidad, buscando reducir los plazos de resolución y darles mayor transparencia a los procesos.

De la misma manera, los avances en la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, deben implicar el control de los tiempos de atención y la búsqueda continua de mejoras concretas.

 

• INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA:

La integridad en la administración de justicia constituye un conjunto de valores éticos cuyo propósito es adoptar conductas con calidad de normas reguladoras destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Principio cuya internalización resulta fundamental para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía y conseguir los fines del servicio público brindado por el Poder Judicial.

La transparencia es un elemento fundamental que rige el actuar de la totalidad del Estado en tanto apertura y expone a la ciudadanía el ejercicio de las funciones de las autoridades, funcionarios y servidores públicos y, así, se constituye en un principio constitucional, lo que significa que se encuentra por encima de las leyes y del resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico.

Sin embargo, existe una permanente y elevada sensación ciudadana de corrupción e ineficiencia del Poder Judicial.

Estos aspectos devienen en imprescindibles de enfrentar y combatir, en tanto constituye, hasta la actualidad, uno de los problemas más preocupantes para la población y afecta directamente la legitimidad de este Poder e incluso del Estado en su conjunto.

Una manera de medir la incidencia de la corrupción es a través del índice de percepción ciudadana. Si bien esta medición puede reflejar cierta subjetividad, es importante tenerla en cuenta, por cuanto revela que la corrupción existe al interior del Poder Judicial y reduce la confianza de la ciudadanía, lo que también tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos fundamentales, en la calidad del servicio de justicia y la imagen de los servidores judiciales.

Aun con ello, las instituciones del sistema judicial, entre estas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, han retrocedido algunas posiciones en la indicada percepción negativa, lo que podría deberse a los esfuerzos para la reforma tecnológica del sistema judicial, la publicidad de las resoluciones y al acercamiento de la judicatura a la sociedad, como estrategias anticorrupción.

En ese sentido, expresamos nuestro apoyo decidido a las acciones desplegadas por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA). Así, es necesario mejorar la plataforma digital de recepción y atención de denuncias jurisdiccionales y administrativas, promover la participación de la ciudadanía como parte de una estrategia que contribuirá a luchar contra la corrupción, que garantice la transparencia y suficiencia de la información recibida y que permita establecer acciones concretas con el propósito de lograr cero tolerancia a la corrupción.

Consideramos necesario implementar un sistema informático que permita el monitoreo de las denuncias para una mejor gestión, estableciéndose un registro de aquellas. Empero, no podemos soslayar la existencia de denunciantes temerarios o maliciosos que recurren a las quejas al no obtener un resultado favorable en la decisión final de sus casos. Denuncias malintencionadas que congestionan innecesariamente el trabajo del Órgano de Control y que originan la desatención de casos relevantes que realmente ameritan la intervención de control.

A propósito de lo indicado, cabe resaltar que, para noviembre de 2022, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Cajamarca, ha reportado un total de 299 denuncias, de las cuales: 194, fueron motivadas por retardo, 88 por omisión de deberes, 8 por presunta corrupción, 6 por negligencia en el cumplimiento de deberes y 3 por indebida motivación de resoluciones judiciales. Por su parte, durante el mismo periodo se impuso 51 sanciones. Esta data refleja que, si bien la percepción social identifica a la corrupción como mal endémico en el sistema de justicia en el país, mayoritariamente son otros los motivos por los cuales el justiciable acudió durante el último año ante el Órgano de Control.

Por tanto, es necesario mantener reuniones periódicas con abogados litigantes por especialidad, con el fin de identificar potenciales zonas de retardo y corrupción en las áreas jurisdiccionales y administrativas, en coordinación con el Órgano Contralor. Asimismo, con la finalidad de consolidar una mayor transparencia y legitimidad ante la comunidad en general, promocionaremos la obligatoriedad del uso de los aplicativos: Módulo de Sentido de Decisiones Judiciales, Casilleros Digitales y el Juez Te Escucha.

Los justiciables necesitan estar adecuadamente informados de nuestra labor, por lo que es nuestro deber institucional trasmitir de manera directa, clara y transparente, las noticias judiciales que sean de relevancia pública. Con tal propósito, coordinaremos con la Junta de Jueces, para definir mecanismos de respuesta rápida ante demandas de información mediática sobre el trámite de un proceso judicial; y se articulará con la Oficina de Imagen Institucional la difusión de los alcances de las decisiones judiciales que se cuestionen, a través de los medios de comunicación.

El fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28716, lo asumimos como una de nuestras principales preocupaciones, atendiendo a la finalidad de prevenir riesgos en los procesos de la entidad y promover la transparencia en la gestión; así como para resguardar los recursos del Estado y evitar irregularidades administrativas o actos de corrupción.

Por tal razón, promoveremos el control previo y concurrente en las acciones de control a cargo de la OCI y/o de la Contraloría General de la República, para identificar eventuales riesgos en la gestión y realizar los actos de subsanación oportuna, reduciendo las probabilidades de que el personal incurra en actuaciones disfuncionales y hasta en actos de corrupción, así como minimizar el perjuicio que esos actos puedan causar a la entidad.

 

1. ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS E N CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, JUSTICIA INTERCULTURAL Y JUSTICIA DE PAZ:

 

1. ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD.

En el marco de las Cien Reglas de Brasilia, el Poder Judicial se ha comprometido con las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad en construir, revisar y supervisar la aplicación de los correspondientes mecanismos e instrumentos, para constituirse en garante de su efectivo acceso a la justicia.

La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad es el órgano institucional rector y se encarga de diseñar políticas y lineamientos para mejorar el acceso a la justicia de estas poblaciones.

Para poder afianzar esta labor, debe articularse estratégicamente desde todos los ámbitos de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca (jurisdiccional, auxiliar y administrativo) e integrar, además, a representantes de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

Asimismo, asumo como compromiso el perfeccionamiento de las alertas en casos de adulto mayor y de violencia familiar, enfatizando los resultados y avances en la ejecución de las sentencias judiciales, que finalmente garantice la tutela jurisdiccional efectiva.

 

1. INSTITUTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL (IJI).

Es oportuno hacer mención que, en la historia del Poder Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 149° de la Constitución Política del Perú de 1993, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca se ha instituido como pionera en el relacionamiento y coordinación con las rondas campesinas y en el fortalecimiento de los juzgados de paz, como órganos de control social e instancias básicas del sistema de justicia estatal, respectivamente.

Así, en el año 2010 se fundó el Instituto de Justicia Intercultural (IJI) de esta Corte, como órgano de coordinación interforal (entre jueces ordinarios e integrantes de la jurisdicción especial comunal), existiendo el constante compromiso institucional, a través de la Oficina Distrital de Justicia de Paz (ODAJUP), para promover la actuación más eficiente de los más de 435 juzgados de paz.

De esta manera, después del lamentable periodo de la pandemia que atravesó el país, las tareas pendientes en los próximos dos años deben estar dirigidas a la promoción y consolidación de un sistema de justicia intercultural, que responda a la realidad pluriétnica y cultural de la Nación; siendo imprescindible fortalecer las capacidades de coordinación, atención y orientación legal, con enfoque intercultural, en especial de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, respecto de los miembros de las rondas campesinas y de los jueces de paz, en el marco de sus respectivas competencias y del respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, para garantizar en forma adecuada el acceso a la justicia de la población más vulnerable, en todas las provincias que conforman el distrito judicial de Cajamarca.

En tal sentido, respecto del fortalecimiento del Instituto de Justicia Intercultural, priorizaremos como líneas de acción institucional, las siguientes:

1. Para efectos de fortalecer las destrezas en materia de coordinación y cooperación entre sistemas de justicia, se impulsará la aplicación por los jueces de las diferentes instancias y especialidades del distrito judicial de Cajamarca, los instrumentos de política jurisdiccional intercultural aprobados por el Poder Judicial, constituidos por:

• El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 sobre Derecho Penal y Rondas Campesinas (2009);
• La Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural del Poder Judicial (2012);
• El «Protocolo de Coordinaciónentre Sistemas de Justicia» (2014);
• El «Protocolo de Actuación en ProcesosJudiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos» (2014);
• El Protocolo de Atención y Orientación legal con Enfoque Intercultural dirigido a funcionarios del Sistema Estatal de Justicia (2015);
• El Acuerdo Plenario N° 1-2015/CIJ-116 sobre la Aplicación judicial del artículo 15° del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes (2015); y,
• El Protocolo para la participación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias en procesos judiciales (2015).

Con tal objetivo, se realizarán actividades de capacitación, así como la publicación de manuales didácticos sobre los acuerdos plenarios y los protocolos interculturales y se promoverá la realización de investigaciones específicas en materia de justicia intercultural.

2. De otra parte, se impulsará la realización de permanentes y flexibles espacios y foros de diálogo intercultural entre jueces y autoridades de las rondas campesinas, en todas las provincias del distrito judicial de Cajamarca, con el fin de fortalecer la coordinación entre los sistemas de justicia ordinario y especial.

Las acciones respectivas deben dirigirse al desarrollo de mesas de diálogo locales, pasantías de jueces y de ronderos para el intercambio de experiencias, en sus propios espacios de actuación, etc.

Es importante también contribuir al Registro Nacional Especial de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley N° 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, para promover el ejercicio de los derechos lingüísticos y derechos culturales de las personas pertenecientes a grupos étnicos, en coordinación con la Academia Mayor de la Lengua Quechua de la Región Cajamarca y otras entidades representativas, en localidades como Chetilla, Huambocancha Alta, etc.

Finalmente, constituye tarea impostergable la articulación permanente de la Corte con el órgano rector del Poder Judicial, vale decir, con la Comisión de Justicia Intercultural de la Corte Suprema de Justicia de la República; así como promover el involucramiento de otras instituciones públicas (Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Defensoría Pública, Instituto Nacional Penitenciario y Defensoría del Pueblo), como agentes en el proceso de desarrollo de un sistema de justicia intercultural. Acciones que deben incidir en la generación de espacios de discusión y capacitación sobre la adopción del enfoque intercultural en las decisiones del sistema de justicia, con indicadores claros de medición del aprendizaje e impacto.

1. OFICINA DISTRITAL DE JUSTICIA DE PAZ.

Es compromiso de esta Gestión el fortalecimiento y consolidación del órgano de soporte de la justicia de paz, la Oficina Distrital de Justicia de Paz (ODAJUP), con especial incidencia en temas de gestión, presupuesto y sensibilización de los actores de la justicia de paz, como el eslabón básico del sistema estatal de justicia, especialmente en su relacionamiento con los actores de la justicia ordinaria y en el acceso a la justicia en las zonas rurales.

Por tal razón, continuaremos y fortaleceremos la labor de apoyo a la justicia de paz, destacando como líneas de acción institucional, las siguientes:

1. La continuación de las capacitaciones a los jueces de paz del Distrito Judicial, para el conocimiento adecuado de sus propias competencias, procedimientos y roles (en temas de familia, civil, notarial, penal, conciliación, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, etc.); así como el intercambio de experiencias en materia de género para identificar dificultades y buenas prácticas en la protección de los derechos de las mujeres (contando con el apoyo del programa “Aurora” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; así como reforzando alianzas con otras entidades, el apoyo de la policía y de otras autoridades).
2. Fortalecer las acciones de apoyo logístico para la realización adecuada de las funciones de los jueces de paz (mobiliario, material de trabajo, etc.).
3. Evaluar y determinar las zonas de difícil acceso y la actuación de los jueces de paz, en las provincias que correspondan, para eventuales ampliaciones de la compensación por sus labores extraordinarias en la realización de notificaciones encomendadas por los jueces ordinarios.
4. Actualización del directorio de los jueces de paz de todas las provincias del Distrito Judicial, para efectos de una coordinación más efectiva con los jueces ordinarios de la Corte.

 

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, E INFRAESTRUCTURA:

 

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

El avance tecnológico, la actualización y/o creación de nuevos software, así como la aparición de nuevos y modernos equipos supera con mucha rapidez nuestra realidad; además, no podemos soslayar el impacto de la pandemia provocada por el virus COVID 19, cuyos estragos aún vivimos. Todo esto nos enseña que la adecuación del trabajo a nuevas tecnologías no es una necesidad superflua sino una exigencia del mundo moderno y globalizado en el cual nos desenvolvemos.

Existen herramientas tecnológicas que han llegado para quedarse, no cabe duda; sin embargo, la observación de su impacto y funcionamiento son tareas constantes que no pueden descuidarse por la intrínseca evolución y modernización que las determina. Su aplicación eficiente al desarrollo de las labores inherentes de este poder del Estado, debe abordarse no únicamente a nivel jurisdiccional sino también administrativo, con el objetivo integral de obtener mejores estándares de productividad y eficiencia, a fin de generar un beneficio palpable traducido en la satisfacción del ciudadano que acude, no sólo en busca de tutela sino de todo servicio complementario que tenemos a nuestro cargo.

Cabe añadir que, en ocasiones, es la propia naturaleza, a través de los fenómenos meteorológicos, que pone en evidencia necesidades no advertidas, es así que hace poco una tormenta eléctrica generó el colapso de equipos y dejó sin acceso al sistema de comunicación virtual a un número considerable de oficinas. Por lo tanto, necesitamos potenciar la interconexión de las redes y servidores informáticos en las distintas sedes judiciales a fin de articular el manejo efectivo de la base de datos que se emplea en la prestación del servicio de administración de justicia y garantizar su funcionamiento en forma permanente.

Es tarea importante también el fortalecimiento del soporte técnico del Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE a nivel distrital, afianzando y mejorando la conectividad de los órganos jurisdiccionales ubicados en zonas de difícil acceso.

Asimismo, corresponde optimizar el trabajo de acuerdo a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) propugnando su aplicación eficiente en las labores inherentes a esta Corte, a nivel jurisdiccional y administrativo. Con miras a lograr este objetivo se elevarán propuestas de modificación de los sistemas informáticos implementados con alcance nacional, elaboradas a través de la experiencia en el desarrollo del despacho judicial, con la participación activa de magistrados y el aporte del personal judicial.

Se brindarán las condiciones técnicas y logísticas para un mejor funcionamiento del expediente judicial electrónico (EJE), así como para el cumplimiento del cronograma de implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar; en tal sentido, se fortalecerán, además, los Equipos Multidisciplinarios y se revisará la operatividad y efectivo funcionamiento de las Cámara Gesell para la atención más oportuna de los casos que así lo ameriten.

 

1. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.

El fortalecimiento institucional implica el compromiso decidido de todos sus integrantes y una dirección consecuente con dichos fines; generar e implementar buenas prácticas con estándares de atención con resultado, así como la constante capacitación del talento humano permitirán optimizar el desarrollo de las funciones de cada actor en nuestra institución. No obstante, debemos incidir también en la importancia de las relaciones sociales en ellos, la trascendencia que adquiere – en una visión de gestión corporativa – el sostenimiento de un clima laboral adecuado, como condiciones que coadyuven a construir o reforzar el trabajo en equipo y con objetivos comunes.

Se mejorarán los estándares de productividad y eficiencia de los servicios de esta Corte Superior de Justicia, en beneficio y satisfacción del ciudadano litigante y usuario administrativo, capacitando el talento humano e implementando buenas prácticas con estándares de calidad del servicio.

Se analizará el funcionamiento de la actual organización administrativa con miras a diseñar e implementar una reingeniería de procesos, así como la digitalización de procedimientos administrativos, simplificando trámites y acercando la información al ciudadano.

La modernización institucional, además de lo anotado, es decir, la gestión del capital humano y tecnológico, debe implicar también la interconexión con otras entidades a fin de trabajar de manera coordinada, unificando esfuerzos y compartiendo experiencias positivas que mejoren el desempeño como reflejo de la unidad del Estado.

 

Asimismo, la modernización institucional también implica la impostergable gestión en infraestructura, que debe significar la continuidad en la ejecución de los proyectos que con larga data se vienen desarrollando.

Por tal razón, es importante recordar que, en cuanto a infraestructura, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca cuenta con 24 sedes en todo el Distrito Judicial, de las cuales, 3 son propias, 4 sedes han sido cedidas en uso y 17 locales son alquilados.

Además, se cuenta con los siguientes terrenos destinados al mejoramiento y realización de sedes institucionales:

• Terreno en la ciudad de Cajamarca, por el trámite de un adicional de obra, en la actualidad se encuentra paralizada obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP EN LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA. SNIP 171718, Código Unificado 2171479, por un monto de S/ 36,531,235.46 y un costo de supervisión de S/ 2,100,597.95, haciendo un total de S/ 38,631,833.41. Según información de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria del Poder Judicial, la obra se estaría reiniciando en el mes de enero del 2023.
• Terreno en la ciudad de Chota, se viene elaborando el perfil técnico “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia de los órganos jurisdiccionales e implementación del NCPP en la provincia de Chota del distrito Judicial de Cajamarca, distrito de Chota, provincia de Chota, departamento Cajamarca”, Código de Idea N° 40840, por un costo de S/. 185,909.00, teniendo como fecha de término marzo del 2023, para luego proceder con el expediente técnico que constará de un aproximado de S/ 350,000.00 soles (El cual se tiene que buscar financiamiento).
• Se cuenta con un terreno en la sede de La Florida, del cual todavía no se ha realizado su inscripción en registros públicos; por lo que, la gestión que presido se encargará de realizar todos los trámites necesarios conducentes a lograr dicha inscripción.

Además, se sumarán esfuerzos a fin de que en los próximos meses se pueda contar con terrenos en las sedes de Bambamarca, Santa Cruz y San Miguel, en los que se iniciará los procesos para obtener su perfil y expediente técnico. En el mismo sentido, se realizarán gestiones efectivas ante los gobiernos locales en lugares donde no contamos con recintos propios con miras a la obtención de inmuebles, mediante donación, y sin cláusula de reversión, para la construcción de nuestros locales judiciales en las distintas provincias que conforman nuestro Distrito Judicial.

 

1. COLOFÓN:

No puedo concluir este discurso, sin antes expresar mi sincero reconocimiento al presidente saliente, Dr. Elard Fernando Zavalaga Vargas, por la gestión desempeñada durante el bienio 2021 – 2022.

Del mismo modo, reitero mi agradecimiento a las autoridades y público asistente, que con su presencia dan realce a esta solemne ceremonia, demostrando su civismo, interés por la justicia y aprecio por la magistratura, agradecimiento que hago extensivo también a la prensa, por su aporte al cubrir esta ceremonia.

Las medidas y políticas que adoptemos en pro de la concreción de los objetivos trazados no podrán cristalizarse sin el concurso de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución. De ahí que mi invocación principal en esta mañana esté ligada al trabajo conjunto, coordinado y responsable. Tras cualquier mejora en el sistema de impartición de justicia subyace la actuación de todos y todas los servidores y servidoras.  Será nuestro cotidiano trabajo, nuestro diario ahínco el que hará la diferencia.

Por nuestra parte, no cesaremos en el propósito de cumplir los objetivos que nos hemos propuesto para mejorar sustantivamente el sistema judicial, garantizar la independencia de nuestra función y brindar un eficiente servicio de justicia a la ciudadanía cajamarquina.

Mantengamos la mirada firme en nuestra visión institucional. Como lo aconsejó José Ingenieros: pongamos la proa visionaria hacia una estrella, tendamos el ala hacia la excelsitud inasible, afanosos de perfección y rebeldes a la mediocridad. Llevemos en nosotros el resorte misterioso de un ideal.

Así, al finalizar nuestra tarea, siempre perfectible, podremos decir con el poeta:

“Allá lejos donde brilla el sol

Están mis supremas esperanzas.

Quizá no las alcance.

Pero puede ver su belleza, creer en ellas; y seguir el camino que me enseñan”.

Con estas palabras, en mi condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, invocando a Dios Todopoderoso para que haga posible la ponderación y la justicia en el proceder de los jueces y trabajadores del Poder Judicial, DECLARO inaugurado el Año Judicial 2023.

 

Muchas gracias.