En la región Cajamarca se tienen 1204 solicitudes registradas de los cuales el 73% están suspendidas.
Gremio minero y autoridades exhortan al Congreso y al Gobierno a poner fin a las sucesivas ampliaciones del Reinfo, que solo han contribuido a alargar una transición que no ha funcionado y que ha permitido que mafias se camuflen bajo el rótulo de «en proceso de formalización».

El cruel asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, a manos de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, ha encendido una nueva alerta sobre la creciente violencia que azota las zonas auríferas del país, y que, en el caso de Cajamarca, existen varias provincias con este problema siendo Cajabamba al sur y San Ignacio al norte, las que en las últimas semanas van teniendo mayor connotación.
En respuesta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un pronunciamiento en el que condena los hechos, exige justicia, y demanda al Gobierno la urgente aprobación de un verdadero plan de lucha contra la minería ilegal, más allá de medidas paliativas como el Estado de Emergencia.

Uno de los puntos más duros del pronunciamiento del gremio empresarial se dirige al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya última ampliación fue duramente cuestionada por el Tribunal Constitucional. Para la SNMPE, este registro “ha servido para encubrir las actividades ilícitas de los mineros ilegales”.
Por su parte el alcalde provincial de Jaén José Tapia ha manifestado que lo sucedido en Pataz puede repetirse en San Ignacio si el Estado no actúa contra la minería ilegal, “lamento la pasividad del gobierno central que se mantiene empeñado en discursos sobre derechos humanos, mientras las mafias mineras utilizan ese marco legal para protegerse. No se puede hablar de derechos humanos cuando hay ciudadanos peruanos que están siendo asesinados, cuando hay comunidades enteras bajo amenaza” aseveró.
En ese sentido, la organización de empresarios mineros y el alcalde jaeno concuerdan en exhortar al Congreso y al Gobierno a poner fin a las sucesivas ampliaciones del Reinfo, que solo han contribuido a alargar una transición que no ha funcionado y que ha permitido que mafias se camuflen bajo el rótulo de «en proceso de formalización».
Por su parte Monseñor Alfredo Vizcarra a través de canal N, alzó la voz para advertir que Jaén y San Ignacio enfrentan una amenaza similar. “Estamos sentados sobre una bomba de tiempo”, alertó el arzobispo de Trujillo y administrador apostólico de Jaén, al denunciar que todos los distritos de ambas provincias están siendo invadidos por la minería ilegal, ante la inacción de las autoridades y el riesgo creciente para la vida, el entorno y la paz social.
SITUACIÓN EN EL REINFO DE SAN IGNACIO Y JAÉN
Existen 1,204 inscritos en la Región Cajamarca, de esta cifra el 73% (875) están suspendidos y el 23% (329) están vigentes. De este total regional en la provincia de San Ignacio se registran un total de 48 derechos mineros inscritos solicitados en el REINFO, de los cuales 31 (64.6 %) están en condición de suspendidos y 17 (35.4 %) se mantienen vigentes.
En los distritos de Chirinos y Huarango cada uno tiene 07 casos con Reinfo suspendido y 02 vigentes, en La Coipa 03 con Reinfo suspendido, en Namballe 04 con Reinfo suspendido y 02 vigentes, en San Ignacio distrito se tiene 03 con Reinfo suspendido y 04 vigente, en San José de Lourdes se registra 02 con Reinfo suspendido y 05 vigentes, finalmente en Tabaconas tiene 05 con Reinfo suspendido y 02 vigentes.
En la provincia de Jaén se registran un total de 26 mineros inscritos en el Reinfo, de los cuales 17 (65.4 %) están en condición de suspendidos y 9 (34.6 %) se mantienen vigentes. En el distrito de Bellavista se tiene 12 solicitudes con REINFO suspendido, 06 con Reinfo vigente, sumando un total de 18 casos, en los distritos de Chontalí y Colasay se tiene un caso cada uno con Reinfo suspendido, en Jaén distrito 02 casos suspendido y uno con Reinfo vigente, en Sallique 02 casos vigentes y en el distrito de Santa Rosa un caso con Reinfo suspendido.
SNMPE PROPONE PLAN MULTISECTORIAL EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO
La Sociedad Nacional de Minas y Petróleo ha sido clara en advertir que la falta de un Plan Nacional contra la Minería Ilegal, debidamente aprobado y con presupuesto asignado, ha convertido al Estado en un actor pasivo frente al crimen organizado.
“No basta con declaratorias de emergencia. En Pataz, ha quedado demostrado que no son efectivas si no se acompañan de acciones reales, sostenidas y estructurales”, señala en su comunicado.
A la par, propone un enfoque multisectorial desde el Ejecutivo con un marco normativo moderno y políticas públicas claras, que fortalezcan las instituciones encargadas de la fiscalización ambiental, laboral y de seguridad en las zonas mineras. En concreto, apunta a la necesidad de establecer mecanismos eficientes de trazabilidad del mineral extraído.
El comunicado finaliza con un mensaje enfático dirigido a toda la ciudadanía: la lucha contra la minería ilegal es, ante todo, una lucha por la vida. “No se puede claudicar en la defensa de los derechos humanos y el bienestar de quienes trabajan de forma honesta por el desarrollo del país”, concluye.